Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: Archivo
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió a Cuba que libere e indemnice a los activistas Josiel Guía, Marbel Mendoza e Iván Amaro por considerar que fueron detenidos de forma arbitraria por razones políticas en base a cargos "sumamente vagos" y que no disfrutaron de un juicio justo.
La decisión del Grupo de Trabajo, órgano dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se adoptó en noviembre --aunque no se ha hecho pública hasta este lunes-- y responde a una denuncia realizada el año pasado por Cuban Prisoners Defenders sobre estos tres casos.
Guía, presidente del Partido Republicano de Cuba, fue detenido en diciembre de 2016 por "pretender trabajar por la consecución de elecciones libres" sufriendo "daños físicos" por el "accionar violento" de los agentes, de acuerdo con la denuncia de la ONG. En agosto de 2017, fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de desacato y desórdenes públicos.
Mendoza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue acusada de "peligrosidad social predelictiva", un cargo que "no requiere pruebas, solo la sospecha de que el acusado puede estar en un futuro hipotético involucrado en actividades contrarias a la 'moral socialista", según denunció Cuban Prisoners Defenders. En diciembre de 2017, fue condenada a dos años y medio de prisión, pena que se amplió seis meses por desacato.
Amaro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue detenido en agosto de 2016 por llevar una camiseta en la que podía leerse: "Democracia sí, dictadura no" y "Abajo quien tú sabes". En marzo de 2017, recibió tres años de cárcel por desacato y atentado. "Su estado de salud es extremadamente precario y está siendo sometido a golpes y burlas de los funcionarios, quienes le niegan la asistencia sanitaria", alertó la ONG
Además de estos hechos, la ONG denunció ante la ONU que ninguno de los tres había recibido un juicio justo porque solo pudieron acceder a abogados que dependían jerárquicamente del Ministerio de Justicia.
El Estado cubano, en su respuesta, afirmó que en la isla caribeña "no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los Derechos Humanos", negando así el estatus de activistas políticos de Guía, Mendoza y Amaro, y asegurando que en sus juicios "no se quebrantaron las garantías previstas".
Sin embargo, el Grupo de Trabajo reiteró que "la carga de la prueba recae en el Gobierno" y que "la sola afirmación de que se han seguido los procedimientos legales establecidos no es suficiente para desvirtuar las alegaciones presentadas en cada caso".